Panameños:
Como es de público conocimiento, el 29 de enero del año en curso, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Contrato Ley de Concesión de los Puertos de Balboa y Cristóbal. El día de hoy, dicho fallo fue publicado en la Gaceta Oficial y, en consecuencia, ha quedado debidamente ejecutoriado.
Ante este contexto, el poder Ejecutivo, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Nacional, y con la finalidad de garantizar la continuidad de la operación portuaria, emitió un decreto de ocupación, una herramienta legítima, excepcional, que respeta la propiedad de los bienes. Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes sino su utilización para garantizar la operación de los puertos, hasta se determine su real valor para las acciones que correspondan. Reitero, esto no es una expropiación.
En este sentido, la Autoridad Marítima de Panamá, en representación del Estado, propietario de ambos puertos, tomó posesión de dichas instalaciones con estricto apego al derecho panameño, y en resguardo de los intereses nacionales, recordando que se trata de una actividad estratégica para nuestra economía y fundamental para el comercio mundial.
Por su parte, en el transcurso de la mañana, la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá autorizó a su administrador a presentar los contratos de los operadores temporales ante el Consejo de Gabinete Extraordinario.
Quiero informarles que, tal como lo anticipé en la conferencia del 4 de febrero en la ciudad de Penonomé, se han sumado más expertos y empresas para trabajar juntos, aportando su capacidad, experiencia y conocimiento al servicio de nuestros puertos en esta etapa transitoria. Para todo esto nos preparamos durante meses, estudiando cada posibilidad, incluso a la que hoy nos enfrentamos, la cual era la más compleja de todas, por razón de la realidad jurídica producida por el fallo.
Hoy las dos mayores navieras, que además son dos de los mayores operadores portuarios del mundo, asumirán la operación. Para el puerto de Balboa, será la empresa APM TERMINALS, subsidiaria del grupo MAERKS. Y, para el puerto de Cristóbal, la empresa TIL PANAMÁ, subsidiaria de MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY.
Esto, es una muestra de confianza en nuestro país, que recupera su imagen y el estatus internacional que nunca debió perder.
En este contrato, hoy inexistente, se sometió por décadas a todo un país, sin transparencia alguna, tanto en la debida información como en la documentación, sensitiva y completa, que jamás estuvo, en esta administración, en manos de la AMP, aún cuando hubo pedidos formales de información. Poco a poco, so pretexto de operar ambos puertos se estructuró, durante años, un territorio autónomo en el que de poco sirvieron las autoridades, además jamás se atrevieron a fiscalizar o regular como era su deber.
El Consejo de Gabinete aprobó ambas contrataciones y, posteriormente, la Autoridad Marítima procedió a la firma de los contratos con los representantes legales de las respectivas empresas, para su posterior refrendo por la Contraloría General de la República.
Quiero felicitar públicamente el trabajo de todo un equipo, coordinado por el ingeniero Alberto Alemán Zubieta, con la co-coordinación del secretario de Metas, José Ramón Icaza, el equipo legal, el equipo del ingeniero Luis Roquebert de la AMP, también del MEF encabezado por el ministro Felipe Chapman, el de seguridad con Frank Ábrego y la Directora de Aduanas Soraya Quintero.
Por otro lado quiero agradecer profundamente a los trabajadores portuarios panameños, por su compromiso con el patrimonio nacional y por aceptar este nuevo desafío con patriotismo y unidad, reconociendo el trabajo de la Ministra Muñoz y el MITRADEL. Todos tienen sus puestos de trabajo garantizados, sin ningún tipo de cambio.
Panameños:
Lo dije en mi primer mensaje y hoy lo reitero: no podemos repetir la improvisación. Ya lo vivimos con la mina, donde quedó demostrado, una vez más, que los gobiernos pasan, pero las consecuencias quedan. La improvisación genera desempleo, deteriora la imagen del país, ahuyenta la inversión y, finalmente, golpea la economía nacional y de los hogares panameños. Bajo mi gestión de gobierno esta situación era inaceptable, por eso trabajamos y actuamos.
No me corresponde, como Presidente de la República, opinar sobre los fallos judiciales. Lo que sí me corresponde es coordinar con todo el equipo de gobierno para que, respetando la decisión independiente y soberana de la Corte Suprema de Justicia, Panamá demuestre que puede seguir avanzando aún frente a eventuales desafíos.
El día de hoy termina una etapa y comienza otra, en la que más de 7,000 trabajadores tienen la certeza de que continuarán laborando; en la que los proveedores saben que seguirán brindando sus servicios; en la que los clientes tienen la tranquilidad de que pueden continuar operando en nuestros puertos; y en la que los inversionistas recuperan la confianza de que aquí sí hay futuro.
Quiero expresar que, paralelamente, iniciaremos la tercera etapa: de manera abierta y competitiva, para las nuevas concesiones portuarias, una en cada puerto.
Lo haremos con transparencia, con la humildad para no repetir los errores del pasado y con la convicción patriótica de que los intereses de Panamá deben estar siempre por encima de cualquier otro interés, garantizando transparencia, eficiencia, inversión, estabilidad jurídica y el mayor beneficio para nuestra República.
Finalizando, expreso con toda sinceridad que todo lo actuado no fue en contra de nadie, sino en cumplimiento de la ley, del respeto al patrimonio del país y de los recursos para los panameños de hoy y del mañana.
Muchas Gracias y buenas noches.
